Escenarios XXI	Año I. Núm 9. May.-Jun. 2011

Libia, Bahréin y Yemen: intervencionismo humanitario y dobles raseros

Sergio I. Moya Mena*

Palabras clave: Medio Oriente, intervencionismo humanitario, derechos humanos, geopolítica, imperialismo.

Introducción

Generadas inicialmente a partir de reclamos políticos locales, las revueltas populares árabes se han extendido en el Medio Oriente y Norte de África, augurando transformaciones significativas en la política internacional.

Los casos de Túnez y Egipto, han implicado procesos de cambio que, aunque encontraron resistencia en los aparatos autoritarios, han posibilitado el inicio de transiciones relativamente pacíficas. En otros países como Bahréin, Yemen, Siria y Libia, la confrontación ha dado origen a violentas acciones represivas e incluso a guerras civiles.

En el caso de Libia y ante el recrudecimiento de la represión gubernamental, la Liga Árabe se pronunció por la implementación de una zona de exclusión aérea mientras que potencias como los Estados Unidos y Reino Unido, alegando la inminencia de masacres y crímenes de guerra contra la población civil e invocando el «intervencionismo humanitario» como fundamento, impulsaron la aprobación de la Resolución 1973 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dicha resolución autoriza el uso de la fuerza, la implementación de una zona de exclusión aérea, llama a un cese al fuego inmediato y autoriza «todas las medidas necesarias» para proteger a la población civil de los ataques de las tropas del líder libio Mu'ammar al-Ghadhafi. La resolución fue aprobada, pero sin el apoyo de países como China, Rusia, India, Brasil y Alemania.

Dos días después de la votación en el Consejo de Seguridad, una coalición de varios estados dio inicio a una intervención militar en Libia para poner en práctica la resolución. El operativo implicó la implementación de la zona de exclusión aérea y un bloqueo de los puertos libios, tareas que días más tarde fueron asumidas directamente por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En el caso de Siria, las mismas preocupaciones «humanitarias» han impulsado, tanto a los EE.UU. como a la Unión Europea, a imponer sanciones contra el régimen del presidente Bashar Al-Asad, debido a lo que se ha denominado como una «inaceptable violencia usada por los militares y otros cuerpos de seguridad contra los manifestantes pacíficos».[1 ] Adicionalmente, Francia y Reino Unido han venido insistiendo en la aprobación de una resolución «fuerte» contra Damasco que, al momento de redactar este artículo, no se había podido aprobar debido al rechazo de países como China y Rusia.

La expedita reacción de las cancillerías occidentales en los casos de Libia y Siria, la puesta en marcha del engranaje institucional del Consejo de Seguridad y la OTAN y la invocación de la doctrina de la Responsabilidad de Proteger, contrasta con la indiferencia mostrada frente a las graves violaciones a los derechos ocurridas en Bahréin y Yemen. Ante esto, cabe plantearse si la intervención en Libia y la condena a Siria constituyen un progreso sustancial en la protección universal de los derechos humanos, el avance a una nueva era de humanismo y justicia, o estamos en presencia (una vez más) de una manipulación política de los principios humanitarios y de su uso selectivo en función de los intereses de las potencias.

El intervencionismo humanitario: algunos antecedentes

Aunque expresiones doctrinales concretas como la Responsabilidad de Proteger se han articulado en forma reciente, el intervencionismo humanitario no es una novedad en las relaciones internacionales. Ha sido invocado en reiteradas ocasiones en los últimos años, especialmente a partir de la década de los noventa. Sin embargo, un trazado de los orígenes del concepto nos lleva al inicio de la era colonial, cuando la construcción ideológica de la dominación de Occidente apelaba en muchos casos a razones humanitarias.

Como se sabe, la ideología es vital en las sociedades democráticas como mecanismo de dominación social. Siempre que los dictadores, monarcas, aristócratas o poderes colonialistas pretenden ejercer poder sobre los demás, se requiere una ideología justificadora, que casi siempre viene expresada en la siguiente fórmula: «cuando A ejerce el poder sobre B, lo hace por el propio bien de B». En este sentido, motivos éticos y humanitarios fueron esbozados para justificar procesos como el imperialismo de finales del siglo XIX. Una declaración de la Conferencia de Berlín de 1885 -convocada para resolver los problemas que planteaba la expansión colonial en África y resolver su repartición- establecía la voluntad de las potencias de la época para:

Comprometerse a vigilar la preservación de las tribus nativas, y a cuidar la mejora de las condiciones de su bienestar moral y material… instruyendo a los nativos y haciéndoles entender las bendiciones de la civilización.[2 ]

A partir de esta época, el uso de la fuerza y la guerra en nombre de «valores humanitarios» se hacen recurrentes con el fin de generar apoyo popular y legitimidad. Durante la Guerra de los Boers, el Primer Ministro inglés Lord Salisbury declaró que se trataba de «una guerra por la democracia» y que los ingleses «no buscaban los yacimientos de oro ni los territorios» (aunque al final se apoderaron de los mismos). En la misma época el Rey belga Leopoldo II justificó la conquista del Congo para «combatir el tráfico de esclavos de los árabes». Hitler justificó muchas de sus agresiones para proteger a las «minorías» y «defender a Europa del Bolchevismo»,[3 ] mientras que Mussolini pretendía «liberar» a miles de esclavos en Etiopía en nombre de la «misión civilizadora occidental».[4 ]

Precisamente en el caso de Libia, la brutal invasión y ocupación italiana iniciada en 1911 y que causó la muerte de entre 250.000 y 300.000 libios, se justificó con el argumento de que la nación europea traería «paz e ilustración» al país.[5 ]

El discurso de la mission civilisatrice, como deber humanitario, conserva todavía un anclaje sólido en la cultura política occidental. Como lo afirma Hayrettin Yücesoy este concepto ha sido útil como una modalidad para escribir la historia y dar nueva forma a la identidad, cultura, y la estructura socio-económica y política de los colonizados, de tal manera que se hace comprensible y útil para el colonizador.
Sin embargo, la legitimación de la guerra en nombre del humanitarismo se hace en el presente no en nombre del cristianismo, ni de la «carga del hombre blanco» de Rudyard Kipling o de la «misión civilizatoria» de la Italia de Mussolini, sino en nombre de los «derechos humanos y la democracia», tareas que, según Michael Ignatieff, uno de los principales apologistas contemporáneos del intervencionismo humanitario, deben ser llevadas cabo por «imperios benignos» como los EE.UU. Ignatieff dice:

El Imperio norteamericano no es como los imperios del pasado, construidos sobre colonias, conquistas y la “carga del hombre blanco”. Ya no estamos en la época de la United Fruit Company, cuando las corporaciones norteamericanas necesitaban de los marines para proteger sus inversiones en ultramar. El imperio del siglo XXI es una nueva invención en los anales de la ciencia política, un imperio lite, una hegemonía mundial cuya gracia se observa en el libre mercado, los derechos humanos y la democracia, impuesta por la potencia militar más impresionante que el mundo haya conocido jamás (…) La justificación para el imperio es que se ha convertido, en lugares como Irak, en la última esperanza para la democracia y la estabilidad por igual.[6 ]

Pese a esta pretensión de mostrar como inédita y magnánima la voluntad intervencionista contemporánea, nos enfrentamos en realidad a un refrito de la apología del imperialismo humanitario esbozadapor John Stuart Mill en su ensayo A Few Words on Non-Intervention, de 1859. En esta obra, el filósofo inglés resalta la «noble y magnánima» política exterior británica y se lamenta que el resto del mundo no reconozca la «pureza y filantropía de las intenciones británicas» y se generen más bien sospechas.[7 ] Stuart Mill afirma que Gran Bretaña es un país «único en el mundo, diferente a cualquier otro». Otros países buscan beneficios, pero los británicos »actúan sólo en beneficio de los demás».

Desarrollos recientes

En los últimos años se ha llegado a considerar el uso de la fuerza militar en los asuntos mundiales como medio para proporcionar «asistencia humanitaria» a los más vulnerables y protegerlos del genocidio o la limpieza étnica. El argumento es relativamente sencillo: un poder (a menudo «dictatorial») victimiza a una población, lo cual «exige» actuar a la comunidad internacional.

Algunos de los antecedentes que crearon conciencia sobre la necesidad de actuar en casos en los que se presentan crímenes como los citados, fueron las masacres de los Khmers Rouges en Camboya durante los años setenta o el uso de armas químicas en Irak en 1988. Sin embargo, el genocidio en Rwanda en 1994, ante el cual entidades como las Naciones Unidas actuaron negligentemente, es visto como un parteaguas histórico que exige ampliar el marco conceptual y operativo del intervencionismo humanitario. Para esto, se asume que el mundo ha cambiado considerablemente desde la creación de las Naciones Unidas, haciéndose necesario ampliar al concepto tradicional de seguridad, tanto a los estados como a las personas, pues se hace «cada vez más claro que el impacto humano de las acciones internacionales no puede considerarse como colateral a otras acciones, sino que debe ser una permanente preocupación para todos los interesados».[8 ]

A partir de este razonamiento, intervenciones militares como las de Kosovo se ven legitimadas como «justas y necesarias», una forma de «enaltecer nuestro valores, proteger nuestros intereses y propiciar la causa de la paz», como en su momento lo afirmó el presidente Bill Clinton, paladín del intervencionismo wilsoniano.[9 ] Es un «un nuevo tipo de guerra [según el ex primer ministro británico Tony Blair] en el que se lucha por valores, por un nuevo internacionalismo donde no se tolerará la represión brutal de grupos étnicos íntegros».[10 ]

El intervencionismo humanitario ha tomado forma doctrinal alrededor del principio de Responsabilidad de Proteger, en cuya elaboración jugó un papel fundamental la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE), una entidad ad hoc creada en septiembre de 2000 por iniciativa del ex ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Lloyd Axworthy y que elabora un documento denominado precisamente La Responsabilidad de Proteger. En términos generales la Responsabilidad de Proteger contempla tres ideas vitales:

El Estado tiene la responsabilidad de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y la limpieza étnica.
Si el Estado es incapaz de proteger a su propia población, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar a ese estado mediante la construcción de sus capacidades. Esto puede significar la creación de capacidades de alerta temprana, la mediación de conflictos entre los partidos políticos, el fortalecimiento del sector de la seguridad, la movilización de fuerzas de reserva, entre otras acciones.
Si un Estado falla al proteger a sus ciudadanos de las atrocidades en masa y las medidas pacíficas no funcionan, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de intervenir diplomáticamente en un primer momento, y luego de forma más coercitiva y como último recurso, a través de la fuerza militar.

Estos principios plantean dos temas fundamentales: la relativización de la soberanía y el uso de la fuerza militar para la protección humanitaria.

El reporte de la Comisión reconoce que la intervención militar «es una medida excepcional y extraordinaria. Para que esté justificada ha de existir o ser inminente un daño humano grave e irreparable del tipo siguiente: A) grandes pérdidas de vidas humanas, reales o previsibles, con o sin intención genocida, que sean consecuencia de la acción deliberada de un Estado, de su negligencia o incapacidad de actuar o del colapso de un Estado; o B) “depuración étnica” a gran escala, real o previsible, llevada a cabo mediante el asesinato, la expulsión forzosa, el terror o la violación».[11 ]

En cuanto a la soberanía, hay evidentemente una relativización de su concepción clásica, establecida a partir de la Paz de Westfalia, pues se considera, que no es un privilegio, sino una «responsabilidad» del Estado en la protección de su propia población. La soberanía -dice el documento de la Comisión- es «más que un principio funcional de las relaciones internacionales y las condiciones en que se ejerce han cambiado drásticamente desde 1945». Asimismo, se señala que el concepto emergente de la seguridad humana ha creado «demandas adicionales y expectativas en relación a cómo lo estados tratan a su propia gente».[12 ]

Pese a que ha recibido el apoyo de amplios sectores intelectuales y políticos desde la derecha a la izquierda, el intervencionismo humanitario ¾o «humanismo militar» como lo denomina Ulrich Beck¾ sigue siendo un principio polémico, especialmente por los temas señalados del uso de la fuerza y la relativización de la soberanía.

Preciso es aclarar que la noción de Responsabilidad de Proteger no existe como obligación legal prevista en los instrumentos del Derecho Internacional y mucho menos en la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la violación de la soberanía estatal y la intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados (Art 2 inciso 7). A menudo criticada en nuestros días, esta regla apuntaba originalmente a la estabilidad internacional. Tal y como lo afirma el jurista belga Olivier Corten, «el principio de no intervención es el fruto de un combate histórico ganado por los estados más débiles, que a lo largo de todo el siglo XIX padecieron un colonialismo y un imperialismo que gustaban a su a vez aparecer como defensores de los valores de la “civilización”».[13 ]

Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza los derechos de los individuos frente a gobiernos opresores, no establece mecanismos para ponerlos en práctica. La intervención humanitaria surge entonces de esta tensión.

Cuestionar la concepción clásica de soberanía, concebirla como una «responsabilidad» y no como un derecho, naturalmente ha generado controversia y suspicacia, especialmente entre los países pequeños que, aleccionados por la historia, desconfían que, tras un «noble principio moral», se escondan nuevamente agendas políticas imperialistas. En ese sentido el presidente argelino Abdelazis Bouteflika, afirmaba en 1999: «no niego el derecho de la opinión pública en el hemisferio norte a denunciar la violación de los derechos humanos, pero la soberanía es nuestra última defensa contra las normas de un mundo desigual».

En cuanto a la intervención militar, aunque el documento de la CIISE afirma que se trata de un recurso extremo, que debe contar con la aprobación del Consejo de Seguridad[14 ]y que «lo que está en juego acá no es hacer del mundo un lugar más seguro para las grandes potencias o pisotear la soberanía de los estados pequeños, sino dar protección práctica a la gente ordinaria, cuyas vidas están en riesgo porque sus estados son incapaces o no quieren protegerlos»,[15 ] no dejan de existir ambigüedades que plantean muchas dudas: ¿Quién puede intervenir?, ¿En qué condiciones específicas? ¿Cómo evitar que el uso político del principio de intervención humanitaria no encubra más bien proyectos imperialistas o guerras de agresión a la luz de la abundante evidencia histórica que así lo demuestra? De manera precisa planteaba el tema el delegado de la representación cubana en Naciones Unidas en julio de 2009:

¿Quién va a decidir si existe necesidad urgente de una intervención en un Estado determinado, de acuerdo con qué criterios, en qué marco y sobre la base de qué condiciones? ¿Quién decide si es evidente que las autoridades de un Estado no protegen a su pueblo, y cómo se decide? ¿Quién determina que los medios pacíficos no son adecuados en una situación determinada, y sobre qué criterios? ¿Tienen los Estados pequeños tienen también el derecho y la posibilidad real de intervenir en los asuntos de los Estados más grandes? ¿Alguno de los países desarrollados permite, ya sea en principio o en la práctica, la intervención humanitaria en su propio territorio? ¿Cómo y dónde trazamos la línea entre una intervención en el marco del Responsabilidad de Proteger y la intervención con fines políticos o estratégicos, y cuándo las consideraciones políticas prevalecen sobre las condiciones humanitarias? ¿Cómo podemos creer en la “buena fe” de los poderes que libran guerras de agresión contra otras naciones? (…) ¿Cuándo se retiran las fuerzas extranjeras de ocupación? ¿Cuándo cesa la violación de la soberanía de un país? [16 ]

En efecto, pese al esfuerzo de la Comisión, ninguno de los parámetros definidos para fundamentar y delimitar la Responsabilidad de Proteger ofrecen respuestas convincentes a este tipo de cuestionamientos. Ni siquiera la aprobación del Consejo de Seguridad -que tiene a su cargo la aprobación de cualquier intervención militar- es garantía para frenar abusos, pues como desde hace mucho tiempo lo reveló la crítica neorrealista, instituciones internacionales como las ONU, sirven ante todo a los intereses nacionales (especialmente de las potencias), no a los internacionales. Las potencias fuertes utilizan las instituciones, del mismo modo en que interpretan las leyes, de acuerdo con su conveniencia.[17 ]

El caso libio

Antes de Libia, únicamente se había apelado a la Responsabilidad de Proteger en iniciativas llevadas a cabo «en solitario», como en 2008, cuando Rusia utiliza la Responsabilidad de Proteger para justificar el ataque a Georgia o ese mismo año el gobierno francés la invoca después del ciclón que afectó Myanmar, infiriendo que la ayuda humanitaria podría tener que ser llevada incluso por la fuerza si el régimen de ese país persistía en sus evasivas.

Tal y como se ha afirmado, la Carta de las Naciones Unidas no permite el uso de la fuerza para «intervenciones humanitarias». El Artículo 33 demanda a las partes en una controversia «buscar una solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección».[18 ] Aunque la Resolución 1973 autoriza a los estados miembros de la ONU a «tomar todas las medidas necesarias para proteger a la población civil» y se exhorta a un «inmediato cese al fuego», es preciso notar que se recurrió de forma inmediata a la fuerza militar, sin que previamente se hubieran agotado todas las iniciativas diplomáticas que pretendían resolver el conflicto, como las impulsadas por Turquía, la Alianza Bolivariana de los Pueblos (ALBA), o la Unión Africana.

Es discutible también que la crisis libia representara una verdadera «amenaza a la paz y la seguridad internacional», lo que habría justificado la invocación del Capítulo VII de la Carta de la ONU y el uso de la fuerza. La lógica de la guerra terminó imponiéndose y determinando el curso de los acontecimientos. Unos días después, el presidente Barack Obama, el presidente de Francia Nicolás Sarkozy y el primer ministro británico David Cameron, escribieron un artículo de opinión en el New York Times [19 ]en el que afirmaban que las fuerzas de la OTAN lucharían en Libia hasta que Ghadhafi dejara el poder. Esto a pesar de que la Resolución 1973 no demanda expresamente un cambio de régimen por la fuerza. En todo caso, la aprobación de esta resolución tendría un carácter histórico, habría por primera vez legitimado en el Consejo de Seguridad el principio de intervención humanitaria y la Responsabilidad de Proteger. Marjorie Cohn dice al respecto:

Las acciones militares en Libia y Costa de Marfil sentarían un peligroso precedente para atacar países cuyos líderes no están a favor de los Estados Unidos o de la Unión Europea. ¿Qué impide a los Estados Unidos manipular algunas protestas, sobredimensionarlas en los medios de prensa corporativos como “acciones de masas” y a continuación atacar o bombardear Venezuela, Cuba, Irán o Corea del Norte? Recordemos que durante la administración Bush, Washington presentó acusaciones sin fundamento para justificar una invasión ilegal de Irak.[20 ]

Desde el punto de vista político, cabe resaltar que la intervención militar de la OTAN no sólo no fue solicitada por las fuerzas «revolucionarias» libias, sino que terminó desvirtuando una rebelión que tenía hasta el momento un carácter autónomo. El conflicto pasó de ser una lucha entre un movimiento revolucionario y una dictadura, a un conflicto internacional en el que se juegan abiertamente diversos intereses geopolíticos: mantener el flujo de petróleo, prevenir la migración en masa de los libios a Europa, deshacerse de un «Estado fallido» en Libia, y detener las revoluciones árabes.

Es cada vez menos probable que el futuro de Libia lo determinen los libios, pues la intervención extranjera se está convirtiendo en una empresa imperial convencional. El reemplazo de Gadafi, si es que sucede, seguramente será escogido por las potencias occidentales y mientras tanto y gracias al pretexto que le da la intervención de la OTAN, el líder libio puede alardear que la suya es una «resistencia frente al imperialismo que una vez más desea aprovechase del petróleo libio». Parece plausible la afirmación de Tariq Alí, de que la intención real de la intervención militar ha sido «frenar» las rebeliones árabes, confiscar sus ímpetus y restaurar el status quo previo.[21 ] Al intervenir en Libia se crea la ilusión de que las potencias occidentales toman partido a favor de las rebeliones populares árabes, aunque en realidad hacen todo lo posible por frenarlas.

Es notorio que, a pesar de que la intervención en Libia parecía apresurada -incluso para algunos sectores dentro de los EE.UU. que dudaban ante la posibilidad de abrir un frente de guerra adicional- se generó un consenso ideológico inusual entre los promotores del idealismo intervencionista wilsoniano como Samantha Powers, su principal figura intelectual y miembro del Consejo de Seguridad Nacional, o la embajadora norteamericana en las Naciones Unidas Susan Rice y algunas notables figuras del realismo (corriente usualmente reacia a las intervenciones humanitarias), como los ex Secretarios de Estado, Henry Kissinger y James Baker III. Estos últimos proponían desde las páginas de opinión del Washington Post, un nuevo concepto para reemplazar al «realismo» y al «idealismo» que denominaban «idealismo pragmático». Kissinger y Baker afirmaban:

Nuestros valores nos obligan aliviar el sufrimiento humano. Pero como principio general, nuestro país no debería hacerlo militarmente únicamente cuando nuestro interés nacional esté en juego (…) Libia es claramente una excepción a la regla.[22 ]

La aprobación de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad, el voluntarismo de los adalides del intervencionismo wilsoniano y la bendición de Kissinger y Backer, íconos del realismo contemporáneo, allanaban el camino para que el presidente Obama justificara la participación en la operación militar contra Libia, afirmando que los EE.UU. estaban «más que dispuestos a utilizar el uso de la fuerza militar unilateralmente allí donde estuvieran amenazados, no sólo los intereses norteamericanos, sino también los “valores norteamericanos”».[23 ] Una notable similitud con el discurso neoconservador del gobierno de George W. Bush.

El espejo roto de Bahréin y Yemen

Los casos de Bahréin y Yemen evidencian de manera clara los dobles raseros con los que se apela al intervencionismo humanitario. En ambos países las manifestaciones populares que demandan democracia, derechos civiles y dignidad, han sido violentamente reprimidas y los derechos humanos han sido violados generalizada e impunemente, sin que las mismas voces que han vociferado contra la brutalidad de Gadafi o Al Assad se alcen en defensa de bahreiníes y yemeníes.

En Bahréin, emulando el espíritu de la egipcia Tahrir Square, centenares de manifestantes pacíficos se congregaron desde el 16 de febrero en los alrededores de la Pearl Square, demandando reformas políticas, como la creación de una monarquía constitucional, la conformación de un nuevo gabinete y la liberación de los presos políticos. Si bien en la convocatoria a las manifestaciones han sobresalido organizaciones chiítas de oposición como la Organización para el Acuerdo Nacional Islámico (Al-Wefaq), también han participado organizaciones seculares de izquierda, como la Asociación para la Acción Nacional Democrática, Wa’ad y otros grupos nacionalistas y liberales, lo cual evidencia el carácter supra-confesional de esta protesta.

Las fuerzas de seguridad han disparado de forma recurrente contra manifestantes desarmados, asesinado a decenas, mientras que cientos han sido detenidos arbitrariamente y muchos torturados. De hecho, algunos de los activistas detenidos han comparecido ante los tribunales con fracturas y señas evidentes de malos tratos en detención. Otros han muerto en los interrogatorios. Según el Centro para los Derechos Humanos en Bahréin (BCHR), varios detenidos han sido amenazados con violaciones si no se «disculpaban ante el Rey Hamad bin Isa Al Khalifa frente a las cámaras de televisión».[24 ]

Desde el propio inicio de las manifestaciones pacíficas, la dinastía reinante de los al-Khalifa recurrió a la violencia y descalificó las demandas populares como un «complot pan-chiíta y pro-iraní», una añeja acusación que nunca ha sido probada y que se esgrime recurrentemente en los países árabes del Golfo Pérsico para negar la concesión de derechos ciudadanos y religiosos a los chiítas.A partir de esto, la violencia gubernamental ha puesto en la mira a los miembros de esta corriente del Islam, que conforman el 70% de la población. El nivel de represión contra los chiítas ha adquirido las características de un verdadero progrom: más de 30 mezquitas y 50 Huseyniyas[25 ] han sido destruidas con el pretexto de que eran edificios que «carecían de permisos de construcción», mientras que fuerzas de seguridad han disparado incluso contra ejemplares del Corán que eran llevados por los manifestantes.

Naturalmente esta represión ha generado simpatía entre otras comunidades chiítas en el Golfo Pérsico, incrementando la tensión sectaria en los países vecinos. Con razón, los chiítas ven en todo esto una maniobra más del wahhabismo[26 ] -doctrina religiosa oficial del gobierno de Arabia Saudita- para mantener a los chiítas de la región como ciudadanos de segunda clase. El régimen saudita, horrorizado ante la posibilidad del surgimiento en su país de un movimiento de reforma política, (que hasta la fecha ha sido capaz de reprimir), teme también que sus propias poblaciones chiítas (especialmente en la provincia de Hasa, rica en petróleo) se rebelen demandando derechos civiles y el fin de la discriminación a que sistemáticamente han sido sometidas. De ahí el interés de Arabia Saudita en mantener a los chiítas de Bahréin a raya.

Además de la represión contra los chiítas, doctores y enfermeras han sido encarcelados, torturados y sentenciados por haber proporcionado tratamiento médico a los heridos de las protestas. Las ambulancias han sido atacadas por las fuerzas de seguridad, se han destruido expedientes médicos y el principal hospital del país ha sido militarizado, impidiendo la entrada o salida del personal médico y pacientes. Este asalto a los trabajadores sanitarios y sus pacientes constituye una violación al principio de la neutralidad médica, así como al derecho internacional humanitario.[27 ]

La policía ha acosado varias escuelas de niñas, atacando, deteniendo, golpeando y amenazando a las estudiantes con violaciones. El único periódico de la oposición ha sido clausurado y según el BCHR, la prensa ha sido objeto de una campaña de despidos y arrestos colectivos que afectan a más de 68 periodistas, mientras que muchos han recibido amenazas.

Pese a que la represión de la Dinastía Al-Khalifa ha alcanzado niveles extremos, ninguna reacción significativa se ha generado en Washington o en las cancillerías occidentales. Al momento de escribir este artículo, las reacciones gubernamentales norteamericanas se han limitado a exhortar al «diálogo y la reconciliación»,[28 ] mientras que el presidente Obama ha restado legitimidad a las protestas enmarcándolas dentro de la «conspiración pan-chiíta-iraní».

La incapacidad de la Dinastía Al-Khalifa para contener las protestas y la complaciente actitud norteamericana, sin duda alentó al régimen a acudir a sus aliados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), y en especial Arabia Saudita, para que intervinieran en el país, enviando un contingente de 1500 soldados, que a partir de su ingreso han participado activamente en la represión. Al respecto, resulta perturbadora la afirmación de la Secretaria de Estado de los EE.UU. Hillary Clinton respecto a que «Bahréin tenía derecho soberano a invitar a las fuerzas del CCG para ayudar».[29 ] Curiosa invocación al principio de soberanía, cuya lógica habría justificado entonces la «invitación» hecha por Babrak Karmal a los soviéticos para que «ingresaran» a Afganistán en 1979, con el fin de «salvar la patria y la revolución»,[30 ] o el uso de mercenarios extranjeros de parte de Gadafi para reprimir a su propia población. Para algunos analistas como Pepe Escobar del Asia Times, el acuerdo entre los norteamericanos y los saudíes habría dado «luz verde» para actuar a ambos países:

Vosotros invadís Bahréin. Nosotros eliminamos a Mu'ammar al-Gadafi en Libia. Es, en breve, la esencia de un trato cerrado entre el gobierno de Barack Obama y la Casa de Saud. Dos fuentes diplomáticas de las Naciones Unidos lo confirmaron independientemente de que Washington, a través de la secretaria de Estado Hillary Clinton, dio el visto bueno para la invasión de Bahréin por Arabia Saudita y la represión del movimiento pro democracia en su vecino a cambio de un sí de la Liga Árabe a la zona de exclusión aérea sobre Libia, la principal justificación que llevó a la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.[31 ]

Mientras la Casa Blanca endosaba la intervención militar en Bahréin encabezada por Arabia Saudita, el asesor de política exterior de la Unión Europea, Robert Cooper, restaba importancia a la violencia contra los manifestantes pro-democracia aduciendo lacónicamente que «los accidentes ocurrían».[32 ]

La retórica de lo valores, el compromiso con el cambio, la democracia y el respeto a los derechos humanos se ve pulverizada frente a los intereses geopolíticos de los EE.UU. o Reino Unido. Para Washington, el régimen de Bahréin es un aliado clave en la preservación de sus intereses en el Golfo Pérsico. «Nos hemos comprometido con su seguridad», ha dicho Obama en su discurso sobre Medio Oriente el pasado 19 de mayo. Aunque el tema energético no se constituye en un asunto vital -pues a diferencia de su vecino Arabia Saudita, que exporta 8.5 millones de barriles de petróleo diarios, Bahréin exporta apenas 250.000 barriles- la isla cuenta con una ubicación privilegiada, que permite a los EE.UU. el control de la parte media del Golfo Pérsico, espiar a Irán, acceso inmediato a sus principales vías marítimas, así como protección para los acueductos petrolíferos.

Desde 1958 Bahréin ha sido usada como base naval de los EE.UU. La importancia del país quedó manifiesta especialmente durante la Guerra contra Irak en 1991, cuando el régimen bahreiní permitió al Pentágono llevar a cabo misiones de combate aéreo desde su territorio. Actualmente, aproximadamente veinte buques de la 5ª Flota de la Marina de los EE.UU y unos 2.300 efectivos estadounidenses se concentran en la Isla. Sólo para el año fiscal de 2011, el Pentágono solicitó $258 millones de dólares para construir varias instalaciones adicionales allí, incluyendo $45 millones para una expansión de la Base Aérea de Sheik Isa. [33 ] Para EE.UU. estas instalaciones militares en el corazón del Golfo Pérsico han sido vitales para preservar sus intereses en una zona por la que circulan diariamente entre 15 y 16 millones de barriles de petróleo, el 40% del crudo del mundo. Sobre la importancia de la 5ª Flota, Mark Kimmitt, ex subdirector de estrategia del Comando Central de EE.UU. y ex funcionario del Departamento de Estado apunta:

La importancia de la misión de la Quinta Flota no puede ser exagerada (…) Ellos tienen la misión de mantener el Golfo Pérsico abierto, derrotar al terrorismo, prevenir la piratería y responder a las crisis, ya sean ambientales, de seguridad o humanitarias (…) Pocos comandos en todo el mundo tiene tantos retos y responsabilidades como la Quinta Flota.[34 ]

Bahréin es además un país en el que también Reino Unido tiene intereses importantes. Son ampliamente conocidos los lazos del primer ministro David Cameron y otros altos dirigentes del Partido Conservador con la Dinastía de los Al-Khalifa. Reino Unido también ha realizado importantes ventas de armas al régimen, [35 ] incluidos gases lacrimógenos y municiones de control de masas, equipos para el uso de cañones de aviones, cargas de demolición, fusiles de asalto, escopetas, rifles de francotirador y ametralladoras. Muchas de estas armas se han utilizado para reprimir las protestas. Asimismo, se ha sabido que Reino Unido ha dado entrenamiento a la Guardia Nacional de Arabia Saudita que ha intervenido Bahréin.[36 ]

Yemen

Al igual que en Bahréin, las protestas «pro-democracia» en Yemen han enfrentado niveles extremos de represión y violencia. No obstante, se trata de una historia que no es nueva. Graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Alí Abdullah Saleh -que ha gobernado como dictador desde 1978- han sido documentadas desde hace muchos años por entidades como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. [37 ] Desde que las protestas pacíficas iniciaron a finales de enero y hasta finales de mayo, las fuerzas de seguridad del Estado han actuado con impunidad asesinado a más de 220 personas. Cientos de manifestantes han resultado heridos, mientras que otros han sido arbitrariamente detenidos y encarcelados. El peor episodio de violencia tuvo lugar en la capital Sana'a el 18 de marzo, cuando un ataque de francotiradores dejó 52 personas muertas y cientos de heridos. Algunos expertos señalan que los gases utilizados por las fuerzas de seguridad de Yemen para controlar las manifestaciones no han sido lacrimógenos, sino armas químicas prohibidas.

Como en Bahréin, la renuencia occidental a condenar decididamente la represión se debe fundamentalmente a razones geopolíticas. El Presidente Saleh ha sido considerado como un aliado vital de los EE.UU. en la zona desde el inicio de la llamada Guerra contra el Terror y específicamente desde los atentados de 2000 contra el buque USS Cole en el puerto yemení de Adén. Yemen es visto como uno de los frentes más críticos en la lucha contra Al Qaeda en la Península Arábiga (APA). Un estudio del Strategic Studies Institute, del Ejército de los EE.UU, decía en enero de 2011:

Yemen se ha convertido en uno de los teatros más importantes para la lucha contra Al-Qaeda, desde que muchos de sus miembros han intentado re-organizarse y reagruparse en Yemen tras sufrir contratiempos paralizantes en Arabia Saudita, Pakistán y Afganistán. La pérdida de Yemen ante Al-Qaeda sería especialmente perjudicial para los intereses occidentales debido a su ubicación estratégica y una población que se espera supere la mitad de toda la de la Península Arábiga en los próximos 20 años. Por otra parte, Al-Qaeda en la Península Arábiga (APA), con sede en Yemen, parece mostrar un fortalecimiento y signos de transición, de un grupo terrorista con capacidades limitadas, a un emergente movimiento insurgente.[38 ]

Con el fin de detener a militantes y atacar blancos de esta organización en provincias remotas de Yemen, los EE.UU. han requerido la colaboración de organismos y funcionarios de seguridad yemeníes para llevar a cabo operaciones militares. La «cooperación» de Saleh ha sido considerada como vital, pese a que es ampliamente conocido el carácter corrupto y autoritario del régimen, así como su escaza consideración hacia los derechos humanos.

En 2010 Yemen recibió $58,4 millones de dólares en ayuda económica norteamericana, a lo que se debe sumar $150 millones en capacitación y equipo militar proporcionado por el Pentágono. Para el 2011 el gobierno de Obama había solicitado la probación de $106 millones en asistencia económica y militar para el país,[39 ] mientras que el Comando Central, (CENTCOM), había propuesto un programa de ayuda militar para Saleh que alcanzaban los $1,2 billones de dólares a lo largo de cinco años.[40 ]

Documentos divulgados por Wikileaks han expuesto la estrecha relación entre funcionarios estadounidenses de alto nivel y la dictadura de Saleh. En uno de esos documentos se muestra la confabulación en la que toma parte el general David Petraeus para mentir al pueblo yemenita sobre quién estaba matando a civiles yemeníes en el nombre de la por los Guerra contra el Terror. En lugar de luchar contra Al Qaeda, las fuerzas de seguridad yemeníes apoyadas EE.UU., combatían a los chiítas, los secesionistas del sur del país, periodistas y estudiantes.[41 ]

Los dobles raseros

La brutal represión de los movimientos democráticos en Yemen o Bahréin, no han propiciado las mismas virulentas manifestaciones de protesta que Washington, Londres o París han emitido en los casos de Libia o Siria. No ha habido resoluciones del Consejo de Seguridad, ni intervenciones de la OTAN, ni sanciones económicas como las aprobadas contra Siria. Tampoco la prensa occidental ha hecho una cobertura a fondo de las protestas en Bahréin y Yemen. Es evidente que, en el marco de las revueltas en el Mundo Árabe, la atención e interés por las demandas populares y la violación de los derechos humanos tiene un carácter selectivo y mediado por intereses geopolíticos. Estas revueltas populares parecen clasificarse en «dignas», cuando enfrentan a tiranos cuya permanencia en el poder resulta intolerable para Occidente, e »indignas», cuando se trata de levantamientos contra regímenes-clientes como los de la Dinastía al-Khalifa en Bahréin o Alí Abdullah Saleh en Yemen.

Cuando el 29 de marzo Obama justificaba el uso de la fuerza militar en Libia y afirmaba que «algunos países puede que hagan la vista ciega a las atrocidades que ocurren en otros. Estados Unidos es diferente, y como Presidente me niego a esperar a ver imágenes de matanzas y de fosas comunes para actuar»,.[42 ] evidentemente está aplicando un doble rasero que deviene en un uso selectivo del intervencionismo humanitario.

Apenas un par de días después del discurso de Obama, la Liga Árabe pidió al Consejo de Seguridad que declarara una zona de restricción aérea sobre Gaza con el fin de proteger a la población palestina de los constantes ataques de Israel.[43 ] Con el mismo afán de proteger a la población civil cabría plantearse también una zona de exclusión aérea para la provincia paquistaní de Waziristán del Norte, en donde solamente entre 2009 y 2010 murieron 1780 civiles por ataques de aviones militares no tripulados de los EE.UU. Obviamente los intereses políticos hacen que el sufrimiento de los habitantes de Gaza, Waziristán del Norte, el Sahara Occidental, Chachenia, Bahréin o Yemen sea relativizado. Se trata de «poblaciones indignas» que no tienen derecho a apelar al intervencionismo humanitario.

Como lo afirma Ted Galen Carpenter, vicepresidente del Cato Institute de Washington, «la reacción de Washington ante violaciones al derecho internacional humanitario como la limpieza étnica depende en gran medida de quien las lleva a cabo».[44 ] En efecto, durante la crisis de Kosovo los funcionarios de EE.UU. apenas podían contener su indignación cuando las fuerzas serbias utilizaban esas prácticas, pero nada se dijo cuando el gobierno turco (aliado de los EE.UU. en el marco de la OTAN) llevaba a cabo limpieza étnica contra los kurdos del este de Anatolia, provocando más de 2.5 millones de desplazados y 3500 aldeas destruidas. Gary J. Bass, profesor de la Universidad de Princeton decía en el Washington Post:

Si el objetivo es la defensa de la humanidad y hay otros humanos que enfrentan violencia en muchos lugares, ¿Por qué se interviene en un lugar y no en otros sin incurrir acusaciones de hipocresía? Después de todo, horribles atrocidades acontecen alrededor del mundo; hay otros países que han sufrido peores matanzas que las de Libia sin provocar las intervenciones de Occidente.[45 ]

Tal parece que, cuando es Gadafi quien dispara y mata, la situación es inequívoca, se trata indudablemente de «un régimen violento, desacreditado que ha perdido toda legitimidad y que hace uso de armas de guerra contra civiles»,[46 ] pero cuando es el monarca bahreiní Hamad bin Isa Al Khalifa el que dispara, se trata meramente de «accidentes».[47 ] El doble rasero es más que evidente.

Reflexión final

La apelación a razones humanitarias para intervenir en los asuntos internos de otro país, puede plantearse sin duda desde una genuina y desinteresada posición moral. Sin embargo, dada la abundante evidencia histórica que muestra como estas razones han encubierto agendas imperialistas o como el intervencionismo humanitario se aplica selectivamente de acuerdo a los intereses de las potencias, muchas dudas surgen. La intervención en Libia y la indiferencia ante otros escenarios como Yemen y Bahréin, evidencia como el marco doctrinal y operativo de la Responsabilidad de Proteger se presta a manipulaciones que buscan proteger intereses geoestratégicos y geopolíticos.

Aunque es necesaria la definición de un sistema de mecanismos que terminen con las atrocidades, dada la ausencia de una jurisdicción plenamente reconocida y una autoridad planetaria capaz de hacer legalmente efectiva la protección y garantía de los derechos humanos fundamentales, dicho sistema no puede construirse a partir estrictamente de los intereses de las grandes potencias, de la constitución de la OTAN en policía del mundo o de la distinción entre poblaciones «dignas» e «indignas».

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[*] Candidato a Doctor en Filosofía, teólogo e internacionalista. Es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica, donde imparte el curso El Islam en el Medio Oriente Contemporáneo. Es autor de Crisis y renovación del socialismo democrático (1999); Cambio social y políticas progresistas en la globalización (2004); Medio Oriente Imagen y Conflicto (2009) e Hijos de Alí: chiísmo y política en un nuevo Medio Oriente (en prensa).
[1] Syria: EU imposes sanctions on President Assad. BBC News, 23 de mayo de 2011.
[2] Citado por Hayrettin Yücesoy, A mission to 'civilise' the East, again? Al Jazeera, 11 de abril de 2011.
[3] Bricmont, Jean. Humanitarian Imperialism, using Human Rights to Sell War. Monthly Review Press, New York, 2006, p. 29.
[4] Citado por Noam Chomsky. El nuevo humanismo militar: lecciones sobre Kosovo. Siglo XXI, México, 2002, p. 94.
[5] Vandewalle, Dirk. A History of Modern Libya. Camdridge University Press, Cambridge, 2006, p. 32.
[6] Ignatieff, Michael. The American Empire; The Burden. The New York Times Magazine, 5 de enero de 2003. http://www.nytimes.com/2003/01/05/magazine/the-american-empire-the-burden.html.
[7] Stuart Mill, John. A few words on non-intervention 1859. John Stuart Mill, The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XXI - Essays on Equality, Law, and Education [1825]. Online Library of Liberty.
[8] The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. International Development Research Center, Ottawa, 2001, p. 6.
[9] Lejos de poder considerarse un caso “exitoso”, la intervención militar de la OTAN en Kosovo causó aun más sufrimiento y desolación, pues se ha comprobado ampliamente que los serbios aceleraron las masacres después de iniciado el bombardeo de las fuerzas de la Alianza Atlántica. Esto sin contar con lo miles de serbios y kosovares asesinados por las bombas de la OTAN.
[10] Citado por Noam Chomsky. Op. Cit. p. 9.
[11] The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. Op Cit. p. XII.
[12] Ibid. p. 7.
[13] Citado por Anne-Cecile Robert, La ONU y las “armas humanitarias”. Le Monde Diplomatique, mayo de 2011, p. 24.
[14] Citado por Robert O. Keohane. Interdependencia, cooperación y globalismo. CIDE, México, 2005, p. 384.
[15] El Reporte de la CIISE dice “No hay cuerpo más apropiado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para autorizar la intervención militar con fines de protección humana. La tarea no es buscar alternativas al Consejo de Seguridad como fuente de autoridad, sino hacer que el Consejo de Seguridad trabaje mejor”.
[16] The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. Op Cit, p. 11.
[17] Declaración del Primer Secretario Anet Pino Rivero, representante de Cuba, en la reunión plenaria de la 63 ª sesión de la Asamblea General. Nueva York, 23 De Julio De 2009. http://www.responsibilitytoprotect.org/Cuba_ENG.pdf.
[18] Waltz, Kenneth N. El poder y las relaciones internacionales. CIDE, México, 2005, p. 184.
[19] Carta de las Naciones Unidas.
[20] Libya’s Pathway to Peace. The New York Times, 14 de abril de 2011.
[21] Cohn, Marjorie. The Responsibility to Protect. Counterpounch, 16 de mayo de 2011.
[22] Ali, Tariq. Selective Vigilantism, Counterpounch, Weekend Edition, April 29 - May 1, 2011.
[23] Henry A. Kissinger y James A. Baker III. Grounds for U.S. military intervention, The Washington Post, 8 de abril de 2011.
[24] Discurso de Obama sobre operación militar internacional en Libia. http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/03/20110329181218x0.1800762.html#axzz1MvpsTZle
[25] After refusing to apologize on camera to the King: Prominent Human Rights Activist Threatened with Rape. http://www.bahrainrights.org/en
[26]Las Huseyniyas son centros religiosos en donde los chiítas suelen conmemorar algunos de sus más importantes ritos como la tragedia del Imam Husayn en Karbala.
[27] El wahhabismo es una sub-secta religiosa fundamentalista sunnita creada por el reformador religioso Muhammad ibn Abd-al-Wahhab (1703-1792) en el siglo XVIII. La teología wahhabi es puritana y legalista en materias de fe y prácticas religiosas. Los seguidores del wahhabismo ven su papel como los defensores del Islam y la necesidad de restaurar la pureza de la religión islámica contaminada por innovaciones, supersticiones, desviaciones, herejías e idolatría. El wahhabismo es visceralmente anti-chiíta.
[28] El principio de la neutralidad médica está incluido el Código Deontológico Internacional y se recoge en las convenciones de Ginebra que establecen la norma del derecho internacional humanitario, así como en las leyes de la guerra.
[29] Top U.S. diplomat presses Bahrain on rights. Reuters, 17 de mayo de 2011.
[30] Clinton says Bahrain has sovereign right to invite gulf forces. Reuters, 19 de marzo de 2011.
[31] Ver: A Brief history of Afghanistan, Shaista Wahab y Barry Youngerman. Facts on File, 2007, New York, p. 154.
[32] Escobar, Pepe. Exposed: The US-Saudi Libya deal. Asia Times, 2 de abril de 2011.
[33] Bahrain protest crackdown defended by European Union envoy. The Guardian, 23 de marzo de 2011
[34] McCain Irked By CR’s ‘Gimmickry’. The National Review, 13 de abril de 2011.
[35] U.S. walks tightrope in policy toward Bahrain violence. Los Angeles Times, 17 de febrero de 2011.
[36] Desde enero de 2009 Reino Unido a aprobado certificados de exportación de armas a 15 regímenes en el Oriente Medio y África del Norte, entre ellos Argelia, Bahréin, Egipto, Siria y Arabia Saudita entre otros
[37] UK training Saudi forces used to crush Arab spring. The Observer, 28 de mayo de 2011.
[38] Ver All Quiet on the Northern Front? Uninvestigated Laws of War Violations in Yemen’s War with Huthi Rebels. Human Rights Watch, 2010; In the Name of Unity: The Yemeni Government’s Brutal Response to Southern Movement Protests. Human Rights Watch, 2009.
[39] VTerrill, W. Andrew. The conflicts in Yemen and U.S. National Security. The Strategic Studies Institute, January 2011, p. x.
[40] Sharp, Jeremy M. Yemen: Background and U.S. Relations. Congressional Research Service. March 22, 2011, p. 2.
[41] U.S. Funding Boost Is Sought for Yemen Forces, The Wall Street Journal, 3 de septiembre de 2010..
[42] Nir Rosen, “How it started in Yemen: From Tahrir to Taghyir,” New Statesman, March 21, 2011.
[43] Discurso de Obama sobre operación militar internacional en Libia. Programas de Información Internacional, del Departamento de Estado, 29 marzo 2011.
[44] Arab League to ask UN to impose no-fly zone over Gaza. Deccan Herald, 21 de mayo de 2011.
[45] Galen Carpenter, Ted. The Hypocritical Strain in U.S. Foreign Policy, The National interest, 4 de mayo de 2011.
[46] Bass, Gary J. Why humanitarian wars can go so wrong. The Washington Post, 4 de febrero de 2011.
[47] Palabras de Sir Mark Lyall Grant (representante de Reino Unido ente el Consejo de Seguridad), 6498th meeting, Thursday, 17 March 2011, 6 p.m. New York. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N11/267/18/PDF/N1126718.pdf?OpenElement.
[48] Bahrain protest crackdown defended by European Union envoy. The Guardian, 23 de marzo de 2011.